El Consejo General de Economistas (CGE) presentó este jueves su estudio ‘Atlas Concursal 2024’, donde analizaron la radiografía de las insolvencias en España. Según los datos que aportaron, los concursos de acreedores de los autónomos han superado a los de microempresas, tras la puesta en marcha la Ley de Segunda Oportunidad, con un fuerte incremento de éstos en 2023 frente al año anterior, y en comparación con el resto de concursos de otros segmentos.
En concreto, la mitad del volumen total de concursos que se celebraron el año pasado correspondían a autónomos, mientras que uno de cada cuatro corresponden a microempresas -que venían liderando la estadística hasta ese momento-. La representatividad de las pequeñas y medianas empresas, por otro lado, fue mucho menor.
Respecto a próximas fechas el Registro de Economistas Forenses (REFOR) auguró que en 2025 el número de insolvencias se estabilizará, creciendo apenas un 1%, aunque avisaron de que estos datos podrían sufrir un importante incremento por las moratorias concursales puestas en marcha tras el desastre natural de la DANA, atendiendo a las cifras de autónomos y empresas afectados -más de 40.000 y más 72.000, respectivamente-.
La Segunda Oportunidad dispara los concursos de acreedores entre los autónomos
El protagonismo de los concursos de acreedores que se han producido en los dos últimos años entre los autónomos persona física ha sido rotundo. Como explicó Miguel Romero, presidente del Consejo Directivo del REFOR, desde el año 2015, cuando surgió la figura de la Segunda Oportunidad, “el mayor conocimiento de la norma y la publicidad que se le ha dado” ha influido en el incremento de personas que deciden solicitar un concurso de acreedores.
En concreto, según el REFOR este fuerte incremento se debe a diferentes factores. Son los siguientes:
- Una mayor vulnerabilidad de la persona física frente a las empresas.
- La reforma de la Ley Concursal en 2022 -Segunda Oportunidad.
- Un mayor conocimiento de esta norma por parte de los autónomos que se encuentran en situación de insolvencia. Sobre este asunto, advirtió Romero, existe el riesgo de que “estemos creando un futuro deudor”, donde la responsabilidad en términos de planificación y estrategia empresarial, así como la capacidad para tratar de solucionar los problemas “pase a una segunda dimensión”.
Además, se puede haber producido también un incremento del uso de la norma debido a la falta de la figura del administrador concursal, que desde el CGE reivindicaron como pieza clave en estos procedimientos.
Las cifras aportadas por los economistas mostraron, asimismo, un importante incremento de los concursos sin masa, anteriormente denominados ‘concursos exprés’ -tres de cada cuatro-, que desde la reforma de la Ley Concursal en el año 2022 pueden llevar a cabo las personas físicas con niveles de endeudamiento altos, que no disponen de liquidez para hacer frente a un concurso.
Según el análisis del REFOR, este aumento refleja que muchos negocios estarían acudiendo al concurso de acreedores cuando el nivel de insolvencia ya es demasiado grande, de forma que “no permite alternativas de negociación y financiación o preservar el principio de empresa en funcionamiento, con las consecuencias en la destrucción de empleo”.
Las moratorias concursales de la DANA podrían incrementar las insolvencias de los autónomos en 2025
Durante la sesión, el REFOR se hizo eco de los datos del estudio Global Insolvency Outlook 2024-2026 de Allianz. Según el informe, las insolvencias globales cerrarán el año con un crecimiento del 11%, si bien se espera una estabilización progresiva hasta 2026.
En línea con estos datos, las primeras previsiones de los economistas apuntan a una estabilización de las insolvencias en España -un aumento del 1%- para 2025, e incluso una reducción en seis puntos porcentuales para el año 2026-, pero habrá que esperar para saber el efecto que tendrán las moratorias aprobadas tras el desastre natural de la DANA, que podrían incrementar el número de insolvencias en España el año que viene;. Especialmente, en el caso de los autónomos, «quienes presentan una vulnerabilidad mayor» y que suman alrededor de 95.000 afectados por las riadas.
En particular, como detalló Pitarque, podría suceder como en la pandemia cuando, tras el levantamiento de la moratoria, miles de negocios insolventes tuvieron que declarar un concurso de acreedores. Además de otras medidas aprobadas, como ayudas directas o medidas fiscales, en el caso de los procedimientos concursales se puso en marcha una dispensa temporal de plazo indefinido para la obligación de solicitar el concurso de acreedores -con el Real Decreto-ley 6/2024 y el 7/2024-, tanto para personas físicas como jurídicas, que se encuentren en estado de insolvencia en los municipios afectados.
Según la norma, la obligación de solicitar el concurso nacerá en de los dos meses siguientes a la situación de insolvencia, de forma que “una vez que se levante esa moratoria o dispensa, nacerá la obligación de la solicitud de concurso”. En el caso de la pandemia, llegó a suponer “un colapso judicial”, por lo que este factor genera incertidumbre entre los economistas ante unas cifras tan “drásticas”, como señalaron desde REFOR. “El 90% de las empresas afectadas son microempresas, y el 96% se localizan en la provincia de Valencia. Pero estas cifras seguro que van a ser superiores”.
Por tanto, podría producirse un repunte considerable de los concursos el próximo año. Para evitar el alto número de procedimientos de este tipo, los economistas propusieron las siguientes medidas:
- Activar al máximo los planes de reestructuración de deuda con condiciones flexibles.
- Crear líneas de crédito que reemplacen deudas a corto plazo por financiamiento a largo plazo con condiciones más favorables.
- Reforzar algún Juzgado de lo Mercantil adicional en las zonas más afectadas.
- Dotar de una mayor flexibilidad del crédito público en las zonas afectadas en su consideración privilegiada concursal en cuanto a la quitas o esperas, o incluso hacer determinadas condonaciones.
- Preservar en el futuro Reglamento de la Administración Concursal la experiencia acumulada de los profesionales para que puedan atender debidamente el posible incremento.
Las empresas afectadas en la DANA representan el 25% de la economía valenciana
Con los datos disponibles hasta el momento, más de 72.000 empresas están afectadas por el desastre natural. Los economistas del REFOR cifraron en 57.000 millones de euros la facturación que estarían perdiendo, lo que equivale a la cuarta aparte de la facturación total de las empresas de la Comunidad Valenciana, y que “afecta a más de 237.000 puestos de trabajo”.
Sin embargo, la partida presupuestaria puesta en marcha por el Gobierno en sus decretos de ayuda apenas suma 14.000 millones de euros -un 1% del PIB español-., y se estima que será necesaria la renovación de más de 100.000 vehículos, si bien los economistas valoraron a este diario que esperan que estas cifras aumenten más adelante.
