Las tres administraciones públicas -central, autonómica y local- mantienen una abundante producción de leyes, normativas y ordenanzas que afectan al día a día de los autónomos. Tal es el volumen de nuevas leyes que se publican en el país, que a muchos pequeños negocios les cuesta mantenerse al día de las novedades legislativas que afectan a su actividad. Un estudio realizado por la aseguradora DAS Seguros, revela el estado de incertidumbre en el que operan muchos trabajadores por cuenta propia por no conocer la totalidad de los textos legales que regulan su actividad. Sobre todo porque los autónomos no ignoran la famosa máxima jurídica: «el desconocimiento de una ley no exime de su cumplimiento»
Según el documento, aunque la mayoría de los encuestados expresaron estar preocupados por el débil estado de su situación económica o por el hecho de que su sector ha empeorado recientemente, más de la mitad de ellos (el 60%) señalaron otros aspectos que también le estaban generando un estado de intranquilidad en su día a día. Y reconocieron que tenían dificultades “para acceder a todos aquellos trámites que tienen que llevar a cabo con la Administración”.
De hecho, este motivo -junto con los problemas que tenían para solicitar a las ayudas o subvenciones estatales- se encuentra entre los principales aspectos que más le preocupan actualmente al tejido productivo.
Un negocio y seis legislaciones distintas
La producción normativa de los últimos años del Gobierno y los constantes cambios en la regulación de las actividades empresariales, especialmente originadas a causa de la Covid-19, ha obligado a los autónomos a operar en “una inseguridad jurídica. Porque al autónomo le afectan todas las medidas a probadas a nivel estatal, autonómico, local y municipal. Todas son normas que debe trasladar e implementar a su negocio” aseguró el abogado laboralista, Alberto Ara.
Para este experto, la regulación de la que tienen que estar pendientes muchos pequeños negocios es excesiva. Para ejemplificarlo, Ara enumeró todas aquellas normas que afectan, por ejemplo, a un pequeño bar, con tres empleados y una terraza, y que han sufrido modificaciones o alteraciones recientemente:
- Toda la legislación fiscal. Se han producido en los últimos años cambios en los modelos fiscales que presentan los autónomos, se han prohibido los pagos en efectivo de más de 1.000 euro y se han reducido los recargos tributarios; entre otras novedades.
- Toda la legislación laboral. Este 2022, el Gobierno aprobó la reforma laboral que ha prohibido la realización de contratos temporales. Una de las modalidades más frecuentes del sector de la hostelería y la restauración. Ahora, todos ellos han tenido que transformarse en un fijo-discontinuo.
- Toda la legislación en prevención de riesgos laborales. Adaptada recientemente a los golpes de calor por temperatura extremas y que vigila la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
- Toda la legislación en materia de igualdad. Con la obligación de realizar un registro retributivo, aunque se tengan pocos trabajadores.
- Toda la legislación autonómica. Que regula la licencia de actividad y establece el acceso para las personas con discapacidad de movilidad física, los metros del baño, los metros de la barra, las salidas de aire, etc.
- Toda la legislación municipal. A través de la cuál se establecen los horarios de las terrazas.
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La legislación pesa “como diez vacas lecheras juntas”
El alto volumen de producción normativa que se hace en España es una de las principales críticas que lleva haciendo la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) desde hace ya años. La patronal publica anualmente un informe en el que cuantifica las hojas legales que se publican en los boletines oficiales. Y en el último informe publicado, que hace referencia al volumen normativo de 2021, denunciaban que la producción de normas «pesaba tanto como diez vacas lecheras juntas”.
Según el informe de CEOE, “el conjunto de las páginas publicadas por los Boletines Oficiales de ámbito estatal y autonómico alcanzó 1.088.249 de páginas en 2021”. Y denunciaba que era “el sumatorio más alto de los últimos 10 años, siendo un 10% superior a la media anual”.
Asimismo, en el documento CEOE exponía que 2021 fue un ejercicio inusual en lo a que legislación se refiere: «se posiciona así como el quinto con mayor producción normativa desde las altas cifras alcanzadas durante la primera década del inicio del periodo democrático. Destaca especialmente la figura del real decreto ley, que cuenta con 32 normas aprobadas. Se trata de la cifra más alta desde 1978, a excepción del año pasado, que contó con 39 reales decretos leyes aprobados, debido a la crisis sanitaria. Es el sexto año consecutivo en el que el número de reales decretos es superior al número de leyes ordinarias publicadas en el BOE» recoge el informe.
La excesiva normativa desconcierta a los autónomos
Esta actividad normativa dificulta especialmente la labor de un autónomo. “Los trabajadores por cuenta propia se enfrentan a un desconcierto normativo, que les obliga a acudir a un profesional que lo pueda orientar” afirmó el abogado laboralista y asesor jurídico, Alberto Ara. Ara explicó que simplemente para abrir un negocio cara al público “hay que cumplir con la prevención de riesgos laborales, con la normativa municipal y autonómica, un alta en Seguridad Social, en Hacienda, etc. Es una cantidad de trámites burocráticos, y con todas las administraciones, que es imposible saber sin acudir a profesionales”.
Según Ara hay “50 boletines oficiales de la provincia, 17 diarios oficiales de las comunidades autónomas, un Boletín Oficial del Estado (BOE) y, además, toda la normativa que aprueba Europa” y es prácticamente “imposible” que un autónomo pueda llevar a cabo su actividad y estar pendiente de las distintas publicaciones. Esta es la razón por la que se “destinan notables recursos para cumplir con toda la normativa vigente, lo que erosiona su competitividad, y desincentiva, lastra o imposibilita la tarea de incrementar su productividad.