El concepto Comunidad Autónoma número 20, o Régimen 20, propuesto recientemente por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, es una propuesta que pretende rebajar una de las mayores cargas burocráticas a las que se enfrentan a diario los autónomos y pequeños negocios en toda España: la dispersión de normativas entre comunidades autónomas. Con este plan, el Ejecutivo pretende unificar los trámites administrativos que suelen ser diferentes dependiendo de en qué autonomía se encuentre el negocio.
Un movimiento que no es un hecho aislado, ya que en realidad se inspira en el Estado 28, un modelo propuesto por el exprimer ministro italiano Enrico Letta, en un detallado informe –ya como consultor– sobre el mercado único europeo. El concepto del Estado 28 busca crear un espacio jurídico virtual que facilite la obtención de licencias y permisos a nivel europeo, eliminando las barreras regulatorias que existen entre los diferentes países de la UE. “Esto permitiría a las empresas operar con una única licencia válida en todo el territorio europeo, sin necesidad de cumplir con requisitos locales específicos en cada país miembro”, explicó a este diario una fuente de Economía. “De hecho, la intención es no quedarnos sólo a nivel autonómico, sino que se han iniciado conversaciones con la vecina Portugal, con la que lindan algunas de nuestras comunidades, y la respuesta el país vecino ha sido alentadora”.
Era preciso esta norma unificadora del mercado, según esta directiva ministerial, “pero no podíamos ir de arriba abajo, imponiendo las cosas, sino con otro enfoque: buscando la coordinación entre todos, la colaboración de las partes para lograr soluciones, como establecer regulaciones comunes o estandarizar normativas, aprovechar las herramientas tecnológicas para allanar el terrero y que los grandes beneficiados sean quienes deben aprovechar su tiempo para producir y no para estar tramitando papeles”.
Las diferentes normativas entre comunidades son un gran obstáculo para los autónomos y para la economía
Para los pequeños comercios y autónomos, el Régimen 20 podría representar una solución a las diferencias burocráticas entre comunidades. “Indudablemente, la idea es buena, y de hecho procede de Europa”, destacó a este diario Francisco Puértolas, director del Máster de Dirección Financiera de EAE Business School. “Aunque le falta una homogeneización de segundo nivel, que permitiría realizar negocios en términos operativos más simples en todos los Estados miembros”. En España, las diferencias en normativas entre comunidades autónomas han sido motivo de frustración para muchos emprendedores, lo que ha retrasado proyectos y aumentado los costes operativos.
Esta unificación no sólo va a reducir el tiempo y los trámites requeridos para abrir y gestionar un negocio, sino que también podría mejorar la competitividad y la economía en general frenada por el exceso de leyes autonómicas. Actualmente, los comercios físicos se enfrentan a restricciones importantes, como horarios limitados de apertura y restricciones en promociones, que varían enormemente según la comunidad autónoma de la que se trate. Por ejemplo, mientras que en Madrid existe plena libertad de horarios comerciales, en otras comunidades como Cataluña o Aragón, los comercios deben permanecer cerrados el 85% de los domingos y festivos. Estas restricciones no solamente limitan la actividad comercial de los negocios físicos, sino que los colocan en desventaja frente al comercio electrónico, que opera sin estas limitaciones de horarios o festivos.
Con la implementación del Régimen 20, se espera que los comercios físicos puedan competir en igualdad de condiciones con el comercio electrónico, eliminando las barreras regulatorias que frenan su expansión y dificultan su competitividad. “La armonización de normativas facilitaría a los comercios ofrecer promociones y ajustar sus horarios de apertura sin necesidad de cumplir con normativas dispares en cada región, equilibrando el terreno de juego entre los minoristas físicos y digitales”.
El Gobierno y las comunidades autónomas comenzarán a trabajar el próximo diciembre en la unificación de normas
Otro punto crucial que abordará el Régimen 20 es la desigualdad de trámites y costes entre comunidades autónomas. Y pondrá especial énfasis en reducir los tiempos de espera y unificar los costes para la obtención de licencias, permitiendo que las empresas puedan operar en cualquier parte de España bajo una misma normativa. “En Economía esperamos para antes de diciembre el diagnóstico compartido del estado actual de la cuestión para comenzar a proponer el derribo de obstáculos administrativos”, concluyó la directiva ministerial.
Según Francisco Puértolas, esta unificación podría reducir significativamente los costes indirectos de gestión, “liberando tiempo para que los empresarios se centren en la expansión de su negocio. Esta eliminación de trabas incentiva a salir fuera para ganar más mercado”, explicó, subrayando que los autónomos y negocios que lo deseen crecer podrían aprovechar estas nuevas condiciones para crecer y expandirse a otras comunidades con mayor facilidad.
Para garantizar el éxito del Régimen 20, el Ministerio de Economía tendrá que diseñar indicadores que permitan medir su impacto real en la reducción de barreras. “Debería reflejarse en al menos dos formas: reducción de tiempos en trámites como la concesión de licencias, y medición del incremento de negocios que han iniciado actividades en otro municipio o región”, valoró el profesor de EAE Business School. Estos indicadores serán clave para monitorear cómo la unificación de normativas afecta a la expansión de negocios y la creación de nuevas oportunidades comerciales.
Además, Puértolas sugirió que las asociaciones sectoriales jueguen un papel clave en la transición hacia este nuevo régimen, ofreciendo recursos y apoyo a las pequeñas empresas para que puedan adaptarse a los nuevos requisitos. “Las asociaciones sectoriales deberían proporcionar recursos activos… parte de los fondos europeos se podrían emplear para potenciar este trabajo de consultoría operativa”, propuso. Esta asistencia podría ser esencial para los pequeños negocios que no cuentan con los mismos recursos que las grandes empresas para adaptarse a cambios regulatorios.
Así, el Régimen 20 podría ser el catalizador que los autónomos y pequeños negocios han estado esperando. Al simplificar los trámites, unificar normativas y reducir los costes administrativos, este nuevo régimen tiene el potencial de transformar el panorama comercial en España. Si bien existen desafíos políticos y administrativos, particularmente en lo relacionado con la resistencia de algunas comunidades autónomas, los beneficios para los emprendedores son claros.
La capacidad de los comercios físicos para competir en igualdad de condiciones con el comercio electrónico, la reducción de los tiempos y costes para abrir negocios, y la mejora en la competitividad del mercado español en su conjunto, convierten esta iniciativa en una medida largamente esperada para revitalizar el tejido empresarial del país. “Es un paso necesario para crear un mercado realmente único en España, y si es posible y hay voluntad, en todo el continente”, concluyó Puértolas, destacando la importancia de avanzar hacia una mayor integración y armonización normativa para mejorar la competitividad y eficiencia del mercado.