El coste del despido es uno de los elementos que introducen más rigidez en el mercado laboral. No es el único, pero sí uno de los más importantes. En España actualmente el despido improcedente implica una indemnización tipo de 33 días por año trabajado. Pero el coste del despido podría cambiar para siempre, todo depende del dictamen del Comité Europeo de Derechos Sociales.
Se trataría de acabar con la indemnización única por despido improcedente, y esta podría variar en función de las circunstancias de cada trabajador. Intervienen factores como su facilidad o dificultad para encontrar un nuevo empleo, circunstancias familiares o sociales, etc.
El dictamen del Comité Europeo de Derecho Sociales
Han sido los sindicatos, en concreto UGT el que ha planteado una reclamación ante dicho Comité. Su argumento es que la legislación española tal y como está planteada vulnera el convenio 158 sobre la terminación de la relación laboral de la Organización Internacional del Trabajo y el artículo 24 de la Carta Social Europea. Dicha Carta Social fue ratificada en su totalidad por España en 2021. De momento el Comité ha tomado en consideración la reclamación del sindicato.
Pero es que además hay otros dos estados miembros de la UE que ya han tenido que adaptar sus respectivas legislaciones por reclamaciones similares, como son Francia e Italia. En ambos casos guardaban paralelismos con la legislación laboral española.
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La cuestión es que de dar la razón a los sindicatos se acabaría con el despido improcedente igual para todos. No sería igual el despido de un trabajador con 30 años que de otro de 55 que ocupe un puesto similar. El problema fundamental, que el cálculo del despido deja de ser una cuestión objetiva y se abre a la interpretación.
Esta inseguridad jurídica es otro aspecto que puede ser un problema. Incluso se pueden dar circunstancias que perjudiquen a los trabajadores en sus reclamaciones, obteniendo menos indemnización que los 33 días actuales en determinadas circunstancias.
Un cambio al que el Ministerio de Trabajo se muestra favorable
Ya se ha dejado caer alguna declaración por parte del Ministerio de Trabajo para empezar a explorar esta vía de indemnización de despidos en función de la vulnerabilidad del trabajador o sus posibilidades de recolocación en el futuro. En todo caso la adaptación y el acuerdo se supone que debería salir del diálogo social.
El problema es que supondría un mayor coste de indemnización para las empresas, algo que no gusta a la mayor parte de las compañías. Y esto se traduce en más miedo a la hora de contratar a nuevos empleados.
Pero también se puede provocar un mayor aumento de las reclamaciones judiciales a la hora de acordar una indemnización por despido. El papel del arbitraje sería clave para agilizar acuerdos y evitar que acaben siendo eternas las reclamaciones ante los juzgados.
